Algo se mueve en los Andes, así se titula el último artículo que he elaborado junto a la profesora Carletta para CRONES, Crónica de economía y sociedad. En esta ocasión, centramos la atención en las reestructuraciones de poder que se están produciendo en América del Sur, contrarrestando la preponderancia de la izquierda en la zona.
Comenzó en Bolivia, siguió en la región peruana de Catamarca, y ahora se traslada al sur de Ecuador. Se trata del mayor frente abierto en contra de los gobiernos de la izquierda populista bolivariana. Y esta vez no es fruto de la oposición política, tradicionalmente fragmentada e incluso manifiestamente perseguida en estos países, sobre todo en Ecuador y Bolivia, sino de las potentes organizaciones indígenas y sindicales, algunas de las cuales han sido base de apoyo y sustento político y discursivo de los presidentes Morales o Correa para ganar consecutivamente todas y cada una de las últimas contiendas electorales celebradas en sus países. Las consecuencias de estas restructuraciones de poder son evidentes, sobre todo a nivel del imaginario público, y han obligado, por ejemplo, al izquierdista-indigenista Morales en Bolivia a practicar, tras seis años de autismo, la vieja y noble práctica de la democracia: el consenso político.
Lo curioso es que ahora este consenso no lo busca entre los damnificados por sus proyectos empresariales y de extracción de materias primas, sino en sede parlamentaria, buscando la aquiescencia de una clase política a la que vilipendió durante todos estos años. Ver para creer. Hasta el Presidente reconoce que, en fin, estos son otros tiempos: “ya no es como antes. Cuando era dirigente [sindical] los políticos eran vistos como farsantes, delincuentes, pero estamos cambiando. Hay que entender que la política es la responsabilidad por el pueblo y [es necesario buscar formas] para atender mejor al pueblo”. Agotados los discursos nacional-populares, terminadas las reivindicaciones soberanistas sobre la “salida” al mar del país, la realidad de una nación que no se acompasa al ritmo de crecimiento económico ni de disminución de la pobreza y desigualdad de sus vecinos de la UNASUR, Morales ha recurrido al viejo sistema de la apuesta por la explotación de los yacimientos naturales del país, con la oposición de los moradores de sus comarcas, los mismos a quienes incendió cuando comandaba el frente sindical contra la explotación del capital extranjero y les prometió un desarrolló nacional.
Y en este contexto, con una reducción de su popularidad, enfrentado a las organizaciones indígenas y a la poderosa Central Obrera Boliviana (COB), el Gobierno de Morales pretende legitimar su actuación política vía dos ejes: por un lado, mediante la puesta en marcha de más de una cincuentena de proyectos de Ley “aprobados” por la Cumbre Social, que pese a contar con una presencia masiva de participantes, no tuvo el apoyo expreso ni de la COB ni de las principales organizaciones indígenas; por otro lado, fotografiándose reunido con las fuerzas opositoras en el Parlamento. Esta reciente reunión acabó en un sonado fracaso los cuatros grupos de la oposición parlamentaria le plantaron apenas transcurridos unos minutos de la reunión. Más allá de las motivaciones de imagen y de justificación poética del fracaso, lo cierto es que la agenda de unos y otros es muy distinta: el gobierno quiere dialogar sobre las políticas macroeconómicas y las opciones del país para el crecimiento, mientras que la oposición quiere hablar de profundización de la democracia y problemas sociales. El mundo al revés, ¡quién le iba a decir a Morales que la oposición se iba a apropiar de su discurso, de sus temas, seis años después! Y mientras, el Gobierno gana tiempo en su anunciada revisión de la ley que prohíbe la construcción de la carretera que discurre por tierras indígenas y que fue el inicio del conflicto de estos grupos con el Presidente.
Mientras, en el vecino Perú, Ollanta Humala, tras remodelar su Gobierno a los pocos meses de asumir el mandato, fruto de un desgaste insospechado, ha retomado el enfrentamiento que ya le costó a su predecesor, Alan García, una caída a mínimos de su popularidad durante los últimos meses de su gobierno. El talón de Aquiles se llama ahora Cajamarca, una de las regiones más ricas en recursos de minería del país y también de las más olvidadas el último decenio de crecimiento ininterrumpido de la economía peruana. En este caso, al lado de la población indígena se ha situado el gobierno regional, que aún siendo destinatario de un beneficio directo por el sistema de compensaciones, se opone, del lado de las organizaciones indígenas, a la explotación minera proyectada para la región.
Al igual que otros países de la región viven de la exportación de sus materias primas, sean éstas alimentos o recursos, Perú crece a golpe de la extracción de metales, oro y cobre principalmente, sobre la base de una minería altamente concentrada, tanto en capital como en mano de obra, que supone aproximadamente entre un 60 y un 65% de las exportaciones del país y más de un tercio de los ingresos por impuestos que recauda el fisco. Casi nada. Un proyecto como el que ahora está en juego representa una inversión de unos 3.700 millones de euros, lo que se traduce en altas perspectivas de empleo para la región, y sólo para ella, pues el proyecto se encuentra a más de cuatro horas de coche de la capital cajamarquina y a más de tres mil metros de altitud. Pero no sólo es el alivio del empleo para los habitantes de esa zona, a la sazón enormemente depauperada, sino los beneficios directos en impuestos que la multinacional estadounidense, la potente Yanacocha, dejaría en el gobierno regional y nacional, unos dos mil millones de euros, siendo la mitad de éstos directamente transferidos al gobierno regional.
Ahora bien, lo que está en juego en este proyecto de Conga, que así se llama la dichosa explotación, no sólo es una cuestión de su impacto ambiental, sino un verdadero reto político al hasta ahora izquierdista-indigenista Presidente Humala. Si “Conga, no va”, como reza el eslogan de las organizaciones indígenas, aupadas por el gobierno regional, la fiabilidad del gobierno nacional frente a los inversores extranjeros se pondrá en entredicho. Conga es “sólo” uno más de los proyectos que en el plazo de cinco años piensa autorizar el gobierno peruano por valor de más de 30.000 millones de dólares. Más de la mitad del crecimiento del país en una perspectiva de cinco años queda supeditado a la aprobación de Conga, como piloto del resto de proyectos en fase de exploración.
Además de la perspectiva económica, a Ollanta este proyecto ya le ha costado su primer conflicto político serio, al tener que declarar a principios de diciembre del pasado año su primer estado de excepción, con intensos disturbios y enfrentamientos entre su otrora base social en la zona, donde obtuvo en las elecciones unos excelentes resultados, y la policía nacional que ahora controla su ministro del interior. Y es que la credibilidad del Presidente ha quedado gravemente afectada, como en su día -muertos por medio- le aconteció a su predecesor en circunstancias similares: en las provincias de la región cajamarquina, Humala ganó la elección de 2011 sustentando un discurso, precisamente, contra los atropellos de las compañías mineras. Curioso. Y es que las cifras manejadas son exorbitantes, las perspectivas de empleo tremendas, los incentivos para la hacienda regional fastuosos, pero en Cajamarca, región ya minera por excelencia, el 40% de la población está en el umbral de la pobreza, y eso a pesar de las inversiones mineras de los últimos años. Ahora, un gobierno regional de izquierdas, grupos ambientalistas, pobladores pobres y organizaciones indígenas, todos aliados del candidato anti multinacionales de hace unos meses, se enfrentan al mismo en su calidad de Presidente.
Y en Ecuador, el dicho tan español de “cuando las barbas de tu vecino veas quemar pon las tuyas a remojar”, no parece estar entre los refranes más populares del presidente ecuatoriano, Rafael Correa. A pesar de las experiencias que atraviesan sus vecinos de la zona y compañeros en los ideológico, Morales y Humala, el izquierdista-indigenista Correa, apuesta, también, por la expansión de su economía sobre la base de la extracción minera con grandes proyectos impulsados con capital extranjero. El argumento es similar: somos pobres, pero nuestra tierra contiene grandes riquezas, explotémoslas (en realidad, que las exploten otros). Y como si de un guión regional se tratara, o quizá como le gusta decir a Chávez, de un complot yanqui, las comunidades indígenas ecuatorianas, las mismas que encumbraron a Correa, amenazan con convertir su paraíso en un infierno si el gobierno sigue adelante con sus programas de alta inversión transnacional en el corazón del Amazonas ecuatoriano.
A este respecto, hay ya dos compañías de extracción, una canadiense y otra china, que han comenzado sus estudios exploratorios en la zona y esperan firmar en breve dos contratos multimillonarios con Correa, con una inversión prevista superior a los 2.300 millones de euros. Otras dos empresas canadienses y la misma empresa China también están impulsando proyectos operados desde el gobierno ecuatoriano para instalarse en el sur del país, aunque aún no logran concretarse debido a los problemas de seguridad jurídica derivados de las normas constitucionales ecuatorianas (y de su libre interpretación).
El principal obstáculo, en todo caso, es el clima cada vez más enrarecido al interior de la más poderosa organización indígena del mundo andino, la CONAIE, que una vez interiorizado el discurso de los últimos años del Presidente, ahora reniega ante el cambio de opinión de éste, y mantiene sus serias dudas sobre los impactos ambientales en las comunidades donde se centrará la labor de extracción, amen nos imaginamos del efecto demostración que tienen otras mineras en la región, con su alto impacto contaminante y su nulo efecto en la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de la zona, en especial en salud y educación. En este marco, los dirigentes de la CONAIE solicitan la aplicación del marco constitucional, que implica la consulta a los pueblos indígenas afectados por los proyectos mineros. Para el líder del Socialismo del siglo XXI, los indígenas se han tomado la Constitución en su espíritu y hombre, lo que hay que interpretar es su literalidad: consultados puede que seáis, pero de ahí a tener capacidad de decisión va un abismo; el mismo que separa a este Correa, y los morales y humalas, de su discurso como candidatos “anti-todo”, a estos nuevos gobernantes que fracasadas sus políticas de crecimiento sostenible que coadyuve a la reducción de la pobreza y la desigualdad, adoptan las mismas estrategias neoliberales contra las que antaño presumían de ser su azote. Ver para creer.
