Os dejo con el último artículo que he publicado junto a la profesora Ileana Carletta, en CRONES, crónica de economía y sociedad.

A diferencia de lo que sucede en la Unión Europea, en América Latina los acuerdos en materia de posiciones comunes ante terceros países empiezan a ser una pieza fundamental de una suerte de política exterior común. El último se ha producido esta semana, cuando los gobiernos de Bolivia y Chile, en el marco de los acuerdos del Mercosur, han prohibido la entrada en sus puertos a barcos con bandera de las Islas Malvinas, siguiendo la posición a este respecto de Argentina. Esta prohibición se extiende a los cuatro países del Mercosur, aún cuando Paraguay no tiene salida al mar, así como a los países asociados al mismo, Chile, Ecuador, Perú y Colombia, además de Bolivia, aunque al igual que Paraguay tampoco tiene puertos marítimos. La posición común, en apoyo de la reclamación de Argentina sobre la colonia británica, fue adoptada el 20 de diciembre en la Cumbre del Mercosur celebrada en la capital del Uruguay, aunque la iniciativa ya había sido aprobada de manera previa en la declaración final de la Reunión de la Unión de Naciones Suramericanas, del 26 de noviembre de 2010.

Esta iniciativa argentina es coincidente con las instrucciones cursadas desde la Presidencia al canciller argentino, Héctor Timerman, de poner en el centro de su atención para este nuevo periodo presidencial, apenas iniciado hace un mes, la reivindicación de Malvinas, en el marco de un renovado posicionamiento de Argentina en el mundo y la simétrica debilidad por la que está pasando Gran Bretaña en las relaciones tanto transatlánticas como con sus socios europeos. Tampoco escapa a esta dinámica la posición de Brasil, que junto a Francia, pueden desempeñarse en un futuro como valedores de las posiciones argentinas, por motivos distintos: el primero para ampliar su base de presencia en la Antártida, de la mano de su vecino del sur, mejor posicionado en este ámbito; el segundo para mejorar la posición de sus empresas de extracción de recursos al sur del río de la plata. A este marco de posicionamientos tampoco debería ser ajeno el gobierno español, pues tiene intereses directos en las reivindicaciones argentinas, tanto por el efecto demostración para la solución del contencioso sobre Gibraltar, como por la posición de una de las principales multinacionales de extracción que tiene carácter hispano-argentino.

Aunque la negativa de admitir barcos con bandera de Malvinas en los puertos del Mercosur pueda parecer un hecho anecdótico en las turbulentas relaciones que sobre este tema mantienen Argentina y Gran Bretaña desde 1833, a raíz de la invasión inglesa de las islas del Atlántico Sudoccidental, no lo es. Desde la invasión argentina y el posterior conflicto bélico desatado en 1982, la posición británica ha sido rotundamente expresa: la resolución de Naciones Unidas de 1965 que instaba a ambos gobiernos a discutir y negociar la soberanía de los territorios en disputa quedaba sin efecto, pues la presencia inglesa no se basaba en la toma de las islas a principios del siglo XIX, sino en la victoria en la guerra de 1982-1983. En ese sentido, la cuestión de la soberanía había quedado zanjada a su favor y, por lo tanto, no tenía ningún motivo para sentarse a negociar con el gobierno argentino. Con esta posición, Gran Bretaña ha mantenido a lo largo de las últimas décadas una política basada en medidas unilaterales y sustentadas en la fuerza, aplicando una estrategia de “hechos consumados”. De ahí que la toma de posición de Argentina con sus socios no sea un hecho anecdótico, sino el inicio de una escalada de acciones a todos los niveles, regionales (Mercosur, Unasur, Celac) e internacionales (ONU, G-20), para poner sobre la mesa con renovado interés, y ahora con más peso, el asunto de Malvinas.

La disputa sobre la soberanía de Malvinas no sólo representa para la Presidenta argentina una cuestión sin resolver, sino una oportunidad histórica de ser recordada como la presidenta que abrió de nuevo las conversaciones tras el hito histórico que supuso la resolución de 1965, y de la que ha pasado casi medio siglo sin un avance significativo. Además, la coyuntura es muy propicia tanto internamente, con una sociedad volcada hacia su figura, donde su palabra no sólo es ley, sino que constituye fundamento de fe para sus seguidores, muchos y muy heterogéneos, desde el ciudadano normal hasta el intelectual marxista, y también externamente, con una Argentina con voz en el contexto regional y una Gran Bretaña peleada con todos, incluso con sus vecinos montañeses con faldas. En este contexto, la Presidenta ha dado instrucciones precisas para que el asunto Malvinas se articule no como un problema de política exterior, y por tanto exclusivo de la Cancillería, sino como una cuestión de Estado, que se diseñe y accione en forma integral e interdependiente con respecto a todas las otras cuestiones. Y en especial, que este asunto esté presente en la agenda regional e internacional, buscando y fortaleciendo las relaciones y vínculos estratégicos con actores regionales y extra-regionales, combinando los intereses de éstos en el Atlántico Sur, incluida la Antártida, con el interés de Argentina en la apertura de un espacio de negociación con el gobierno británico.

Argentina, en colaboración con sus socios en esta medida, pero anteriormente con otras de la misma naturaleza, como las adoptadas frente a la exploración petrolera británica -tendientes a afectar negativamente la libertad de acción del país europeo en la región-, ha iniciado el camino hacia una política de estado que incluye todo tipo de medidas que seguro se desarrollarán en el tiempo y en el espacio con independencia de la postura que adopte el Reino Unido, que en estos temas recurre casi siempre a su maquinaria diplomática, poderosa pero obsoleta en el marco de las nuevas relaciones de poder que se están estableciendo en un mundo de emergentes y sureños hace una década no imaginado. Esta batería de acciones están orientadas a conseguir que Gran Bretaña se siente en la mesa de negociaciones y abandone su tradicional postura consistente en negarse a cualquier tipo de diálogo.

Con este propósito, el actual gobierno argentino continuará activando este tema en foros multilaterales como la OEA, la UNASUR, el MERCOSUR, el Grupo de Río, la recientemente creada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y, principalmente, en la ONU, buscando el apoyo y promoviendo declaraciones para lograr aumentar la presión sobre el gobierno de Cameron, que parece que últimamente no se le da muy bien eso de hacer amigos. En este acción estratégica, no sólo va a contar con el apoyo más o menos explícito de los países sudamericanos, sino que también buscará e intercambiará ámbitos y áreas de influencia con aquellos actores que quieran establecer o reforzar no sólo sus vínculos económico-comerciales, sino también sus opciones estratégicas a medio-largo plazo (principalmente agua y energía), como por ejemplo, China, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica, algunos países europeos como España, Francia e Italia, e incluso países como Australia, Nueva Zelanda o los países escandinavos, con quienes comparten intereses sobre la Antártida.

Si este escenario se desarrolla en los próximos años de mandato de la Presidenta argentina en base de los fundamentos aquí contenidos, será muy interesante observar la posición de España al respecto, más ahora que engrosa la realidad de ser parte de la periferia de Europa, y que debería compartir tantos o más intereses que la propia Argentina sobre la posición de Gran Bretaña en el mundo, sobre todo en aquel que fuera colonizado en la época del Imperio británico

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